La violencia policial y el presunto perfilamiento racial vuelven a sacudir al país. En menos de dos semanas, la comunidad afrodescendiente llora la muerte de un segundo padre de familia en medio de cuestionados procedimientos de la Fuerza Pública. Esta vez, la tragedia se registró en el municipio de Villa Rica, en el norte del Cauca, donde Luis Alfredo Echeverry Chocó, un joven de 28 años y padre de gemelos, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza a manos de uniformados.
Los hechos ocurrieron la noche del domingo 27 de septiembre. Según los testimonios recopilados en la zona, Echeverry se movilizaba junto a su esposa para llevar a un primo hacia el municipio de Puerto Tejada. El altercado habría iniciado, de acuerdo con las denuncias de sus familiares, porque el joven no acató una señal de tránsito de ‘Pare’. Lo que debió ser un requerimiento de rutina escaló rápidamente a una requisa marcada por un aparente uso excesivo de la fuerza, culminando con el disparo fatal que acabó con la vida del trabajador. Su primo, quien lo acompañaba, fue retenido en el lugar.
A la gravedad de la muerte se suma una delicada denuncia por alteración de la escena del crimen. Testigos y líderes políticos señalan que, tras abatir al joven, los agentes habrían colocado un arma de fuego junto a su cuerpo para fotografiarlo, en un presunto intento de incriminarlo post mortem, justificar el uso de fuerza letal y evadir sus responsabilidades.
El clamor de un pueblo
La respuesta de la comunidad de Villa Rica fue inmediata. Decenas de ciudadanos se volcaron a las calles en manifestaciones pacíficas pero cargadas de indignación. Bajo la consigna unánime de «¡La Policía mató a Luis Alfredo!», los habitantes rechazaron la acción oficial, asegurando que la víctima, conocida cariñosamente en su entorno como «el papá de los melos», era un hombre honrado, sin antecedentes ni vínculos con pandillas criminales.
Racismo estructural bajo la lupa
El caso ha desatado el rechazo vehemente de líderes políticos y defensores de derechos humanos. El representante afrodescendiente Oscar Benavides condenó públicamente el hecho, calificándolo como una consecuencia letal del racismo estructural y el perfilamiento racial que, según denuncia, opera de manera sistemática dentro de la institución policial, tal como lo han documentado organizaciones como Temblores ONG.
Benavides exigió a la Policía Nacional la identificación inmediata de los agentes involucrados, su separación del cargo y la apertura urgente de un proceso penal que además investigue la supuesta intención de los uniformados de hacer un montaje para inculpar a la víctima.
El caso de Donovan Balanta
La tragedia de Luis Alfredo Echeverry no es un episodio aislado. Su muerte ocurre apenas siete días después de la de Donovan Balanta Paz, otro joven afrodescendiente de 34 años y padre de dos hijos, quien falleció el 20 de septiembre tras ser sometido con múltiples descargas de un dispositivo táser por parte de policías en la frontera entre Bogotá y Soacha.
En el caso de Balanta, la presión social llevó a que siete uniformados fueran apartados de sus cargos mientras la Defensoría del Pueblo solicitó investigar si existió discriminación racial en el operativo.
Hoy, cuatro niños han quedado huérfanos de padre y dos familias afrodescendientes exigen respuestas frente a un patrón de violencia sistemática. Las autoridades judiciales y la Fiscalía enfrentan el enorme reto de esclarecer las circunstancias de estos operativos, determinar las responsabilidades penales e investigar a fondo las oscuras denuncias de brutalidad y encubrimiento que hoy manchan el actuar de la Fuerza Pública.
