Donovan Balanta Paz, un joven de 34 años, perdió la vida bajo custodia de la Policía Nacional en hechos que han despertado profunda indignación y graves denuncias de brutalidad. Lo que comenzó como un altercado en el barrio Caracolí, en la frontera entre Ciudad Bolívar y Soacha, terminó en una tragedia mediada por el uso reiterado de pistolas de descargas eléctricas (táser) y presuntas agresiones físicas severas por parte de los uniformados. Las versiones enfrentadas entre la institución armada y la familia de la víctima han vuelto a poner en el centro del debate público los límites en el uso de la fuerza policial.
Detrás de la víctima mortal hay una historia truncada de esfuerzo y liderazgo comunitario. Donovan era padre de dos hijos, laboraba activamente en una empresa del sector farmacéutico y se encontraba a escasos pasos de culminar su carrera técnica en criminalística. En su comunidad, era ampliamente reconocido como un joven trabajador, respetuoso y comprometido con el bienestar de su entorno, destacándose por organizar equipos de fútbol para alejar a los niños y adolescentes del sector de la violencia y el microtráfico.
Los hechos que desencadenaron su muerte ocurrieron la noche del domingo 20 de septiembre. Donovan regresaba a casa tras recoger a su novia cuando se topó con un fuerte despliegue policial que atendía una riña local. Según el relato de sus familiares, el joven no tenía ninguna relación con la gresca, pero en un momento de tensión rompió una botella contra el suelo a unos 50 metros del contingente de seguridad. Al notar que varios agentes se dirigían rápidamente hacia él, el joven entró en pánico y comenzó a correr.
La persecución se extendió por apenas una cuadra y media, pero la respuesta policial fue calificada como desproporcionada. De acuerdo con Jhon Deiby Gómez Murillo, familiar de la víctima, entre 15 y 20 policías, incluyendo miembros de grupos especiales, participaron en la intercepción. Para lograr reducirlo, los agentes utilizaron de inmediato sus armas de dotación tipo táser, inmovilizando al joven en plena vía pública y procediendo a esposarlo de cara al suelo.
Es en este punto donde las denuncias de la familia apuntan a un presunto caso de tortura y abierta discriminación. Testigos y allegados aseguran que, una vez sometido y esposado en el asfalto, los uniformados continuaron pateándolo en el rostro y el pecho. Además, denuncian que un agente accionó repetidas veces el dispositivo eléctrico contra su espalda, a pesar de que ya estaba completamente indefenso y reducido. A estas agresiones físicas se habrían sumado agravios verbales y epítetos racistas por parte de las autoridades, según documentó una lideresa afro de la zona.
La violencia del operativo también alcanzó a José Luis Guerrero Moreno, amigo de infancia de Donovan, quien intentó intervenir para frenar la golpiza. Al acercarse para abogar por la vida de su compañero, los uniformados lo sometieron igualmente mediante reiteradas descargas eléctricas para poder esposarlo. Debido a la brutalidad del procedimiento, Guerrero sufrió graves lesiones y actualmente se encuentra recluido bajo estricta observación médica en un centro hospitalario.
Tras la violenta captura, ambos jóvenes fueron trasladados a la Estación de Policía de Cazucá, el escenario donde se vivirían los últimos momentos de Donovan. Allí, esposado y con evidentes signos de trauma físico, clamó por su vida asegurando que sentía un fuerte dolor en el pecho y le era imposible respirar. Sin embargo, sus familiares denuncian que una patrullera lo acusó de fingir, le arrojó agua a la cara y los agentes ignoraron sistemáticamente sus súplicas, solicitando auxilio médico únicamente cuando el detenido ya había perdido el conocimiento.
La controversia se agudiza en torno a su traslado al Hospital Cardiovascular Luis Carlos Galán de Soacha. Mientras la Policía sostiene mediante un comunicado que el retenido sufrió una afectación repentina en la estación y llegó con vida al recinto médico, la familia defiende una versión diametralmente opuesta. Los allegados aseguran que Donovan ingresó a urgencias sin signos vitales y que los policías abandonaron su cuerpo en el hospital sin brindar ninguna explicación médica o legal sobre los múltiples traumas y descargas que evidenciaba.
El dolor por la pérdida de Balanta se ha visto enrarecido por posteriores actos de intimidación. Líderes de la comunidad denunciaron que, horas después del fallecimiento, uniformados acudieron a la vivienda de la madre de Donovan para proferir amenazas. Ante las quejas elevadas a los altos mandos en Bogotá y Soacha, la institución ofreció instalar a dos agentes como esquema de vigilancia, propuesta que la familia rechazó tajantemente, exigiendo de inmediato medidas de protección independientes para ellos y para los vecinos que grabaron el abuso.
Este trágico episodio ha destapado una olla de presión sobre las continuas agresiones y el perfilamiento racial en la zona periférica. Organizaciones de derechos humanos advierten que el trato denigrante hacia los jóvenes afrodescendientes es sistemático, citando casos recientes de golpizas, requisas con altos niveles de violencia y destrucción de teléfonos móviles cuando los ciudadanos intentan grabar los procedimientos; abusos que en su mayoría quedan sepultados por el miedo a represalias.
El curso legal del caso depende ahora del avance de las investigaciones y de los dictámenes técnicos forenses. Medicina Legal tiene la responsabilidad crucial de establecer la causa exacta de la muerte y su relación patológica con las descargas eléctricas y los golpes documentados. Paralelamente a la indagación disciplinaria de la Inspección General, la familia exige que la Fiscalía asuma una investigación penal rigurosa que, además, aclare la presunta extralimitación jurisdiccional, al señalar que policías de Soacha habrían operado y capturado a la víctima en territorio bogotano.
Resulta inevitable que el trágico final de Donovan Balanta resucite en la memoria del país el sombrío antecedente de Javier Ordóñez, fallecido en 2020 bajo un modus operandi escalofriantemente similar tras recibir reiteradas descargas de táser y golpes en un CAI. Seis años después de aquel caso que paralizó a la nación, Colombia tropieza de nuevo con interrogantes que la institucionalidad se niega a resolver: el precario control sobre el arsenal menos letal, el uso desmedido de la fuerza y la enorme vulnerabilidad de un ciudadano cuando su vida queda en manos de quienes constitucionalmente juraron protegerla.
