El gobierno habría presuntamente «disfrazado» una operación de rescate militar en Norte de Santander que, según fuentes de la Defensoría del Pueblo y revelaciones de El Reporte Coronell, correspondía al cumplimiento de una entrega humanitaria previamente pactada con el ELN. Las ocho personas presentadas como víctimas de secuestro civil serían integrantes de las disidencias de las FARC.
Inconsistencias en el operativo del Catatumbo
La operación, publicitada mediante videos que mostraban disparos desde helicópteros y uso de armamento pesado en las veredas La Bogotana y La Honduras, generó cuestionamientos por la ausencia de heridos, incautación de material de intendencia o enfrentamiento directo. Un oficial de alto rango, en comunicación con el Reportero Carlos Cárdenas de El Reporte Coronell, indicó que el procedimiento se diseñó a partir de inteligencia previa que confirmaba que los captores no atentarían contra los retenidos y que el carcelero responsable no se encontraba en la zona.
El oficial justificó el uso de fuego disuasivo y granadas aturdidoras como una fase de ablandamiento del área, alegando que la incursión respondía a un plan operacional acelerado por la fuerte presencia del ELN en la región y el riesgo de asonadas contra la fuerza pública. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Iglesia ya habían pactado con la guerrilla la liberación de estas personas para el 5 de agosto, dos días antes de la posesión presidencial.
Identidad de los liberados y choque de versiones
El comandante del Gaula de la Policía, el coronel Libardo Ojeda, presentó el operativo como un golpe contra el narcoterrorismo, destacando la articulación entre la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía y el Comando Sur de Estados Unidos. A pesar de este discurso institucional, los registros audiovisuales previos del ELN catalogan a los cautivos como miembros del Frente 33 de las disidencias de las FARC, organización con la que mantienen una guerra territorial.
El análisis de imágenes realizado por El Reporte Coronell confirma que los ocho hombres rescatados coinciden físicamente con el grupo de nueve retenidos que el ELN había preparado para entregar a la comisión humanitaria semanas antes. Ante la pregunta sobre la identidad de los liberados, el oficial de inteligencia consultado por el medio aseguró que la fuerza pública conocía a quiénes iban a rescatar, pero argumentó que las personas extraídas no registraban antecedentes penales ni órdenes de captura vigentes, figurando legalmente como ciudadanos del común.
Tras este descubrimiento queda la pregunta en el aire de ¿Por qué se presento esta presunta entrega voluntaria como un rescate?, y de ¿Por qué fue necesaria la intervención de Estados Unidos para una operación pactada de entrega de miembros de una guerrilla donde no había un alto riesgo militar?.
