Una profunda crisis de orden público y zozobra atraviesa el norte del país, particularmente Santa Marta y los departamentos de Magdalena y La Guajira. La declaratoria de un paro armado de 48 horas por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, ha desatado el caos tras la muerte de su cabecilla, alias ‘Cholo’, en una operación oficial.
Sin embargo, a pesar de los anuncios gubernamentales de militarización, la capacidad de respuesta del Estado ha quedado fuertemente cuestionada. En las calles se evidencia una escasa presencia policial, dejando a la ciudadanía a merced de la delincuencia, que parece operar e imponer su voluntad a plena luz del día frente a unas autoridades que se han visto desbordadas por la crisis.
A punta de bala: Hombres armados imponen el cierre de comercios en Santa Marta
El terror se ha apoderado de los barrios samarios. En motocicletas y con total impunidad, hombres armados recorren la ciudad intimidando a los dueños de locales. A aquellos establecimientos que no han acatado la orden del paro armado, los delincuentes los han obligado a cerrar a la fuerza, disparando sus armas de fuego directamente contra los frentes de los negocios.
Esta ola de intimidación y disparos ha generado escenas de pánico absoluto, trascendiendo incluso a instituciones de educación superior, donde estudiantes y civiles han tenido que correr a refugiarse dentro de las instalaciones ante el temor inminente de que los hombres armados irrumpan en los recintos.
Calles desoladas y millonarias pérdidas económicas
El resultado de estas acciones es un paisaje completamente desolador. Vías que normalmente son el motor comercial de la región, como la calle 30, la carrera 5, la carrera 6 y el Mercado Público, lucen hoy como pueblos fantasmas. El sistema de transporte público se ha paralizado casi en su totalidad; los conductores han sido amenazados, obligados a bajar a sus pasajeros a mitad de camino y forzados a guardar sus vehículos.
Esta parálisis está dejando millonarias pérdidas económicas. El cierre forzado de los establecimientos golpea severamente a los comerciantes informales, a las empresas de transporte, a las cadenas logísticas y a cientos de negocios locales que dependen de sus ingresos diarios para subsistir, así como la economía turística de la ciudad, la cual es uno de sus principales rubros.
Vehículos incinerados y caos vial
La violencia también ha dejado graves afectaciones en la infraestructura vial y el transporte. A plena luz del día, delincuentes han interceptado vehículos para prenderles fuego frente a la mirada de los transeúntes. En las calles de Santa Marta un taxi fue completamente consumido por las llamas luego de que su conductor fuera obligado a descender. Una situación similar vivió el conductor de una tractomula en la Troncal del Caribe, exacerbando el miedo entre el gremio transportador que se niega a transitar por estas rutas.
Camiones de Servientrega, buses, taxis y tractomulas están siendo quemados por toda la región lo que se convierte no solo en un caos de seguridad si no también en una perdida de miles de millones de pesos para los ciudadanos.
La respuesta del Gobierno Nacional
Frente a la magnitud de los ataques, el Gobierno Nacional ha manifestado su intención de tomar medidas para recuperar el control territorial.
Abelardo de la espriella ha señalado que buscará militarizar Santa Marta y aumentar el pie de fuerza para intentar despejar las vías bloqueadas, indicando además que ya se han efectuado algunas capturas recientes de presuntos miembros de esta organización. Aunque desde la presidencia se anunció el traslado de altos funcionarios para liderar la seguridad en la zona, la ciudadanía, atrapada entre el fuego y las amenazas, sigue a la espera de que estas medidas se traduzcan en garantías reales de protección que hasta el momento no se evidencian en las calles.
