La mercancía incautada como contrabando en Colombia es destruida, subastada, donada o rescatada según sea la naturaleza de los productos incautados y las razones de su decomiso.
En Colombia, el contrabando representa un grave problema para el país ya que afecta la economía formal y el comercio legal. Pero, ¿Qué ocurre con la mercancía incautada durante los operativos contra este flagelo? El destino de los productos decomisados depende de su naturaleza y condición, y las decisiones recaen en la Policía Aduanera, la DIAN y otras entidades competentes.
Cuando la mercancía incautada representa un riesgo para la salud, como ocurre con licores, medicinas y cigarrillos ilegales, las autoridades proceden a destruir estos productos. Este procedimiento busca proteger a los consumidores de posibles daños asociados con productos de calidad dudosa o manipulados.
En casos donde no se evidencie peligro, los bienes pueden ser rematados. Electrodomésticos, autopartes y electrónicos son algunos ejemplos de artículos que terminan en subastas públicas, permitiendo a usuarios adquirirlos bajo un marco legal. Otra opción viable es la donación, que se aplica generalmente a textiles, calzado y alimentos. Estos últimos suelen ser entregados rápidamente a fundaciones e instituciones sociales que los necesitan, ayudando a mitigar necesidades en sectores vulnerables.
Por otro lado, existe una alternativa conocida como “rescate” para mercancías que son decomisadas porque incumplen requisitos técnicos específicos. En este escenario, los propietarios tienen la oportunidad de recuperar sus bienes tras realizar los ajustes necesarios y pagar una sexta parte del valor total de la mercancía retenida. Este mecanismo busca incentivar el cumplimiento normativo sin afectar gravemente a los comerciantes.
En lo corrido del 2024 las autoridades han realizado 23.728 aprehensiones, con un valor estimado de $489.251 millones de pesos.
Como podemos observar la mercancía incautada como contrabando en Colombia tiene diferentes destinos según sea el caso. Estas medidas no solo buscan proteger la economía y la salud pública, sino también redistribuir recursos hacia sectores sociales necesitados, contribuyendo al bienestar general del país.
